Perspectivas Éticas nº1: La "píldora del día después"

        

[viii] 

Moreira, Agustín S. J. En la misma  tesis antes citada, Pg. 72.

Perspectivas Éticas nº2: La esterilización voluntaria en Chile

     

Creemos que esto es compatible con lo expresado en El Cairo respecto al deber de los Estados de asegurar a todos el acceso a los servicios de planificación familiar y salud sexual. Cfr. Naciones Unidas, Conferencia Internacional de El Cairo sobre población y desarrollo. PPC: Madrid, 1995, capítulo II, principio 8. Igualmente, es compatible con lo expresado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas, 1979- 1981; ratificada por Chile en 1989. Allí se salvaguarda el derecho, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, de tener acceso a servicios adecuados de atención médica, información, asesoramiento y servicios en materia de planificación famil'ar (Art. 14, b) y el derecho a decidir responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos (Art. 16, e).

Perspectivas Éticas nº3: La pérdida del sentido de lo político: espacio público e identidad ciudadana

1. Herramientas de análisis: el espacio público según Hanna Arendt

Tomando como modelo la polis griega Hanna Arendt entiende el espacio público como el lugar de la aparición y legitimación frente a otros[1]. El espacio donde los sujetos pueden hacerse ver, ante otros y es esta condición la que los convierte en ciudadanos[2]. En oposición al mundo privado, que está marcado por la necesidad y la desigualdad[3], el espacio público surge del encuentro entre iguales.

La libertad del ciudadano se funda en el reconocimiento de una igualdad frente a sus pares, creando un nexo ético que bajo la forma de la amistad (Aristóteles) da lugar un nuevo ámbito, y a una especie de segunda vida para el sujeto (bios políticos). De esta manera, el ciudadano puede ejercer su libertad en la medida en que es reconocido y reconoce a los otros como iguales, construyendo una vida en común. El espacio público es así el corazón de lo político.

No se trata propiamente de un espacio, ya que lo  público es ese entre, que se conforma a partir de la aparición de las distintas individualidades, bajo la forma de la pluralidad. Pluralidad en esta autora, no significa entonces simple alteridad, ni tampoco equivale al mero pluralismo político de las democracias representativas, ya que “lo público indica, al mismo tiempo, mundo común, entendido como comunidad de cosas, que nos une agrupa y separa, a través de relaciones que no supongan fusión' [4].

En este espacio surge la acción y la palabra, únicas actividades libres del ser humano, que se dan sin la mediación de las cosas o la materia (a diferencia de la labor o el trabajo). La acción mantiene una estrecha relación con la natalidad, actuar es tener la capacidad de empezar algo nuevo, de hacer nacer [5].

De esta manera, Praxis y lexis (actos y palabras), son las vías a través de las cuales el ser humano es capaz de aparecer frente a otros y desde su individualidad libre constituirse en el quién de la acción [6].

En este sentido, el espacio público es el espacio de constitución de la identidad del sujeto. Se trata de un espacio indispensable no sólo para el destino de la polis, es decir, para el destino de la vida en común, sino para la conformación de la individualidad del sujeto. Es en este espacio donde realmente somos: nuestra identidad se funda pragmáticamente en este hacer y decir ante y con otros, que tienen como requisito el reconocimiento mutuo y como producto inmediato la acción y la palabra.

La herramienta concreta de esta ocupación que hace el individuo del espacio público es el punto de vista o lo que es lo mismo la opinión [7], no considerada como una forma de conocimiento deficitario (doxa) [8], sino como condición misma de la aparición de la individualidad, que ocurre en la medida en que la aparición es plural y no excluye sino que cuenta con la aparición de los otros. De esta manera, el espacio  público como espacio de la opinión, garantiza que en él subsistan una pluralidad de miradas.

La mayor amenaza para el espacio público y para la constitución de las identidades que ahí tiene lugar, es la violencia. La violencia no entra en el espacio público, es lo absolutamente otro, porque es el sometimiento que limita la acción o inhibe el lenguaje: la violencia es muda, dirá Arendt.

Pero no nos referimos sólo a una violencia brutal o evidente. El germen de la violencia se encuentra en la idea misma del poder como dominación [9], como desigualdad que impide la aparición de la pluralidad y constituye el cierre del espacio público y de la posibilidad de lo político.

El poder como dominación se diferencia del verdadero poder político que reside en la libre expresión de la pluralidad, que consiste en la potencia de los hombres de actuar, preservando y profundizando el espacio público [10].

Esta idea del espacio público, que da sentido a lo político podemos entenderla como idea reguladora [11], de utilidad a la hora de reflexionar y evaluar nuestra propia  experiencia democrática. En la medida en que nos abre a pensar en ella como experiencia de ciudadanía en el espacio público [12],. Es decir, la experiencia de aparecer frente a otros en igualdad de condiciones, para ejercer la propia libertad a través de acciones y palabras que incidan en nuestro destino y mundo común y de paso, nos ayuden en la construcción de nuestra propia identidad.

2. Descripción del problema

Identidad y espacio público en Chile: La violencia de los jefes Para dar cuenta del estado de constitución de la ciudadanía y la situación del espacio público en Chile, quizás sea interesante recurrir a una alegoría. En una de sus descabelladas historias Italo Calvino [13] nos cuenta de un pueblo en el que periódicamente tienen la costumbre de colgar a todos los jefes en la plaza pública en medio de una gran fiesta. El despistado narrador, llega al pueblo a las vísperas del  evento. Sin entender mucho, ve cómo preparan las tarimas y adornan las calles para la fiesta. Entra  a un bar y observa sobre el mostrador exhibidas las fotos de los jefes que van a morir, según le cuenta el hombre que lo atiende. Pide explicaciones y crea una gran discusión a su alrededor a la que se suman casi todos los parroquianos presentes. Entre todos le van explicando paso a paso el significado de esta fiesta. Le aclaran que nadie es engañado, los jefes al momento de asumir sus cargos saben perfectamente que en unos cuantos años verán su foto en el bar y una horca que los estará esperando en la plaza. Le señalan también que la ceremonia se realiza con total respeto y solemnidad, que es una instancia casi sagrada para el pueblo, en la que todos renuevan energías y vuelven a sellar su pacto de pertenencia y de compromiso con el pueblo. Pero el afuerino sigue pidiendo razones y alegando que se trata de una masacre primitiva e injustificada. Hasta que alguien, quizás el más viejo, le entrega un argumento decisivo, que va más o menos así: Si finalmente no tuviéramos el derecho a quitarle la vida a nuestros jefes después de unos años de obedecerles, ¿con qué derecho durante todo ese tiempo ellos nos darían órdenes? Sólo porque sé que finalmente terminará en la horca es que estoy dispuesto, por un tiempo, a que su voluntad sea la mía, a que él disponga de mí.

Podemos ver en la matanza de los jefes que nos relata Calvino, algo así como el sueño irrealizado de muchos chilenos que durante los últimos años, experimentan una limitada ciudadanía que no les permite la constitución de un verdadero espacio público, ni una verdadera identidad y más bien experimentan lo común desde relaciones de dominación. Producto de esta experiencia, surge un progresivo y generalizado malestar frente a la cuestión política que viene acrecentándose en nuestra conciencia nacional [14].

Nos parece posible leer esta pérdida de sentido de lo político desde la siguiente idea: lo que en definitiva no ha ocurrido en nuestro sistema democrático es la aparición de un verdadero espacio público, en el que la individualidad del ciudadano chileno, en palabras de Arendt, se constituya en un verdadero quién de la acción. Esto implica que tampoco ha tenido lugar la aparición de un verdadero poder político, que involucre a los individuos en acciones compartidas que les permitan iniciar algo nuevo. Esto puede ser provocado porque ese espacio común se encuentra todavía atravesado por prácticas y discursos fuertemente autoritarios, que se imponen negando el requisito básico para que éste se constituya como tal: la igualdad.

En este sentido el descrédito de lo político puede ser, al menos en algún sentido, producto de que seguimos teniendo pocas experiencias políticas reales, es decir, desde la perspectiva de Arendt, pocas oportunidades de aparecer frente a otros en igualdad de condiciones, para discutir o actuar en relación con nuestra vida pública. Esta limitación no sólo afecta nuestra vida en común sino que a nuestra propia identidad, el déficit ciudadano nos convierte en individualidades menos fuertes y completas, más proclives a reforzar el carácter autoritario de nuestras relaciones.

En el espacio común vivimos rodeados de jefes y cuando podemos, nos convertimos en uno de ellos. Puede ser que esta experiencia de desigualdad y su consecuencia el desencuentro, sea algo así como el corazón de ese especie de malentendido que ha rondado a la democracia chilena en los últimos años.

3. Antecedentes del problema

3.1. El descrédito de lo político y la precariedad del espacio público

Parece bastante evidente que el primer desafío de un sistema democrático consiste en el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones democráticas. En ese sentido, el gobierno democrático que asume el poder en 1990, lleva adelante las reformas Constitucionales que permite la conformación legal de los partidos políticos, la derogación de los estados de excepción y la reposición de los derechos electorales de los ciudadanos, en la conformación del poder ejecutivo, legislativo y los municipios [15]. Sin embargo, existen al menos dos importantes transformaciones en las instituciones de nuestra democracia representativa que aparecen todavía pendientes y que podrían tener un importante impacto democratizador en las instituciones del sistema, estas son: el paso del binominalismo a un sistema proporcional de elecciones [16]y la regulación para una mayor transparencia del financiamiento de las campañas [17]. Ambas tareas democratizadoras pendientes, parecen constituir una fuente de gran distorsión dentro del sistema electoral y una de las causas del creciente descontento y desafección política que parece haber aumentado en los chilenos durante la última década, especialmente en los jóvenes[18]. En este sentido, la conformación de un espacio público de participación política se puede haber visto retardada por la incompleta tarea democratizadora de las instituciones.

Sin embargo, esta incompletitud de la tarea democratizadora, la desafección y la falta de participación política que puede generar en la ciudadanía no son los únicos factores determinantes en la limitación de nuestro espacio público y la construcción de una precaria ciudadanía. Quizás la mayor dificultad consiste en la imposibilidad práctica que hemos tenido para democratizar nuestros espacios de interacción social: la calle, el vecindario, la escuela, el trabajo[19], del consumo y la expresión social. Es decir, la impericia que ha tenido nuestra propia democracia para convertirse en algo más que un sistema de gobierno y conformarse en una verdadera forma de convivencia, en una verdadera cultura democrática.

En términos de Arendt, se trata de la ausencia de la experiencia básica de lo público que, como decíamos en la primera parte, constituye el corazón de lo político: la experiencia de aparecer en nuestra singularidad, a través de acciones y palabras frente a otros, en un terreno común dado por la igualdad de condiciones que garantizan esa aparición y conforman una pluralidad de sujetos, como verdaderos quiénes de la acción.

3.2. La desigualdad en el espacio común: el cierre de lo público

¿Qué puede significar que la dominación y no la aparición libre del ciudadano en igualdad de condiciones frente a sus pares sea el modelo de relación en el espacio público? Esto se puede explicar mediante un ejemplo paradigmático: La delincuencia ha sido un tema que con mucha fuerza ha ganado espacio en la opinión pública. Se ha convertido en los últimos años en una cuestión de primera prioridad para los medios de comunicación masiva, las autoridades de gobierno y municipales y ha alcanzado una creciente relevancia en la preocupación ciudadana. Sin embargo, hay estudios que señalan que más importante que el incremento de los casos delictuales en la última década, ha sido el incremento del temor ciudadano frente a la delincuencia, las personas que se sienten más amenazadas por el delito, especialmente en los espacios públicos

Perspectivas Éticas nº4: Articulación ética de la economía chilena. El acuerdo pendiente.

 

1.     Marco teórico para el análisis

En un famoso escrito de 1969[i], el filósofo alemán Jürgen Habermas analiza el vínculo entre ciencia y técnica, concibiéndolas no sólo en función de su naturaleza epistemológica sino que principalmente a partir de su relación con aquellos factores ideológicos que supuestamente le subyacen. La crítica de Habermas está referida a las dificultades que se originan cuando ambas creaciones se transforman tanto en medios de dominación natural (de la naturaleza por el hombre) como de dominio político (del hombre por el hombre), puesto que es entonces cuando se aprecia más claramente cómo llegan a convertirse en instancias de legitimación de un proyecto -el sistema económico del mercado, la economía capitalista- que en vistas de su creciente expansión se presenta como si fuera valorativamente neutro, desinteresado o desideologizado, y por esta vía opera de manera estratégica en persecución de su propia e ilimitada reproducción. Ciencia y técnica corresponderían, a su juicio, a una clase particular de 'razón' -la 'racionalidad con arreglo a fines'-; que es el tipo de razón de naturaleza más bien estratégica, cuya orientación no es sino el desarrollo y el establecimiento de condiciones propicias para la obtención de finalidades asociadas al control y el dominio de la realidad, que se consideran deseables per se y que se imponen por arbitrio de la propia racionalidad que las concibe. Pero existiría otro modo de la razón (el que importará a Habermas): una racionalidad de tipo consensual, es decir, una razón centrada en la fuerza de la comunicación, cuya orientación fundamental no es sino el entendimiento entre los sujetos, independientemente de cuál sea el proyecto de control o dominación que esté en juego para hacer prevalecer determinados intereses. Y esta forma de la racionalidad se ajustaría más adecuadamente al 'mundo de la vida' , al mundo de la experiencia de los sujetos reales que participan en la interacción social.

Habermas cree que las acciones que se dirigen a la realización de un fin y los actos de habla orientados a la búsqueda de consenso cumplen condiciones de racionalidad diferentes. Pero, como la naturaleza de la racionalidad estaría, a su juicio, más emparentada con el modo en que se hace uso de un determinado saber que con el solo hecho de poseerlo, entonces, el sentido que pueda adquirir la racionalidad en la acción va a depender exclusivamente del tipo de empleo que se haga de las proposiciones que la constituyen. Y cuando ese saber proposicional está orientado teleológicamente, pero no comunicativamente, entonces estamos frente a una 'racionalidad con arreglo a fines'.

La llamada Teoría de la decisión racional es un claro ejemplo de ello[ii]. En la teoría económica dominante, o neoclásica, la hipótesis de comportamiento aceptada es la del paradigma de la elección racional. Según este modelo explicativo, el agente decisor se describe de acuerdo con un conjunto de creencias (matemáticamente representadas como una distribución de probabilidades sobre los estados posibles del  mundo en el que se desarrolla su acción) y un conjunto ordenado de deseos o preferencias (matemáticamente representados por una función de utilidad). El agente tiene a su disposición un conjunto de estrategias o cursos de acción posibles, permitidos por las restricciones o constricciones que lo limitan (por ejemplo, sus recursos). Decidir racionalmente, según el paradigma de la elección racional, es elegir el mejor curso de acción (cálculo egocéntrico de utilidad); es decir, elegir -dadas las creencias propias del sujeto y las restricciones que se le imponen- la estrategia que mejor satisface sus deseos. El comportamiento racional -o 'económico'- consiste, entonces, en determinar las cantidades de recursos que hay que asignar a cada uno de los posibles usos como solución a un problema de maximización con restricciones[iii].

Ahora, si prescindimos de esta dimensión meramente estratégica de la racionalidad y efectivamente tenemos en cuenta el empleo comunicativo del saber en actos de habla, entonces estamos frente a un concepto diferente que es el de 'acción orientada al entendimiento'[iv], cuyo sustrato implica la necesidad ineludible del consenso, entendido como meta y aspiración de la argumentación. Porque sabemos que las interacciones sociales son más o menos cooperativas, más o menos conflictivas o inestables, entendemos que la determinación del orden social dependerá más bien del modo como los participantes en la interacción puedan coordinar sus planes -para que uno pueda conectar sus acciones con las del otro, sin conflictos y evitando el peligro de la ruptura de la relación- y no de cuán racionalmente un sujeto ficticio pueda decidir qué hacer con los recursos de los que dispone aisladamente en procura de su exclusivo beneficio individual (individualismo metodológico). El grado de cooperación y, por sobre todo, de estabilidad social surgirá, por tanto, de la situación en que los intereses de las personas afectadas puedan realmente llegar a encontrarse y, en virtud de la interacción comunicativa, se alcancen bases mínimas para un acuerdo en torno a la conmensurabilidad estimada (al menos teóricamente) como siempre posible de sus intereses particulares y diferentes.

De este modo, los actos del entendimiento que vinculan los planes de acción de los diversos participantes y que resumen las acciones en una relación interactiva no pueden retrotraerse a una acción teleológica, orientada a fines - 'acción orientada al éxito' la denomina Habermas- [v], en la que se ejerce cualquier tipo de influencia sobre la definición de la situación particular, o sobre las decisiones o los motivos del interlocutor, empleándose para ello diferentes mecanismos de presión[vi], subordinando dichas decisiones o motivos al dominio de la acción estratégica, donde el cálculo egocéntrico de la utilidad determina la naturaleza del comportamiento recíproco. En consecuencia, si se busca una alternativa que supere las deficiencias de la teoría clásica de la decisión racional, parece más prometedor atender a un tipo diferente de racionalidad, situada 'más allá' de la razón científico-técnica, esto es, una racionalidad comunicativa.

Por otra parte, la tesis central de otra obra de Habermas: 'Conocimiento e Interés' [vii], se centra en la afirmación del carácter no neutral del conocimiento humano. A su entender, éste respondería definitivamente a motivaciones extrínsecas, o a 'intereses', que trascienden su propio ámbito de competencia[viii]. Ahora bien, no es ésta una idea completamente nueva: el reconocimiento de los múltiples intereses que soportan al conocimiento es, en realidad, una contribución del pensamiento moderno a la reflexión filosófica, que buscó reivindicar la relación entre el conocimiento y la técnica para superar definitivamente el perfil contemplativo que definió durante toda la antigüedad a la actividad teorética. Lateoría crítica francfortiana postuló que el proceso de investigación no puede ser entendido si no se le relaciona con su contexto material y con el papel que cumple en la estructuración de la sociedad capitalista y la economía de mercado. El sujeto que conoce (el economista, para nuestro caso) no es un espíritu puro, sino que es un científico que de acuerdo a la división social del trabajo cumple determinadas funciones sociales; además, el mundo objetivo de ningún modo es sólo conjunto de hechos que puedan ser aprehendidos y registrados a partir de una postura epistemológicamente neutra, sólo descriptivo-explicativa, sino que siempre es el resultado de una determinada articulación social. Los datos, por su parte, están muy lejos de ser neutros, puesto que se encuentran ya condicionados, previamente, por la dimensión social del objeto en primer lugar, y por las determinaciones sociales del sujeto en segundo término. Esto hace que toda teoría se vea inevitablemente movida por las propias intenciones que están implicadas en su desarrollo.

No existiría, de acuerdo con dicho enfoque, la posibilidad de establecer el pretendido monopolio de la ciencia neutral sobre la racionalidad, ni suponer teóricamente que una ciencia como la económica pueda pensarse a sí misma provista de la capacidad de establecer condiciones óptimas de desarrollo tales que aseguraran, por el solo concurso de su modelización predictiva matemática, la imparcialidad o la equidad en la distribución de los recursos y la riqueza, sin la intervención de criterios extracientíficos, determinados por referentes distintos a la pura decisión racional, logrados preferentemente mediante la interacción comunicacional de la totalidad de quienes se vean afectados por aquellas consecuencias.

Además de ello, el esquema reduccionista de los lenguajes científicos (el de la dicotomía sujeto-objeto) que establece la necesidad de mantener el conocimiento ajeno a las valoraciones, se verá contradicho por la circunstancia innegable de que la praxis científica adquiere sentido únicamente en la medida en que se reconoce en ella la presencia de otros dos tipos de racionalidad - ni descriptivas ni explicativas- como son la racionalidad hermenéutica y la racionalidad ética. Estas últimas se revelan como condición de posibilidad de toda pretensión científica de validez objetiva y de verdad[ix]. De hecho, toda relación de conocimiento del tipo sujeto-objeto supone ya siempre una relación entre sujetos de la ciencia, que son quienes establecen el sentido de los términos, desde un entendimiento mutuo mínimo, ya que el conocimiento es una función mediada por signos que siempre requerirá de una comunidad de intérpretes para alcanzar su sentido. Los sujetos de la ciencia, de hecho, no se consideran a sí mismos como objetos, sino como 'sujetos', entre los que no puede sino existir un entendimiento mínimo, pues entre ellos se aspira a llegar a ese acuerdo final que es el conocimiento.

Este sentido de  'comunidad', indispensable para fijar el sentido y la validez de los argumentos científicos, constituye claramente un supuesto hermenéutico que, a la vez, requiere inevitablemente el reconocimiento de determinadas normas para lograr el objetivo del acuerdo en torno a esas mismas argumentaciones, algunas de las cuales serán necesariamente 'morales' . Ello permite entender entonces que, aunque los planteamientos hermenéutico y científico son diversos, de todos modos son absolutamente complementarios, porque la interpretación del mundo siempre requerirá de un mutuo entendimiento por parte de los científicos. En este sentido, la comprensión hermenéutica no busca competir con la explicación científica[x], sino que más bien representa un tipo de fenómeno cognoscitivo que complementa el conocimiento científico de aquellos hechos objetivos. La comprensión es un procedimiento racional, irreemplazable por la observación objetiva y por la explicación de los datos lingüísticos.

2.      Planteamiento del problema

A partir de consideraciones como éstas, no resulta difícil llegar a visualizar el trasfondo filosóficamente problemático que se puede desprender del análisis del carácter interesado del conocimiento, en particular del conocimiento científico. Y si se sigue la reflexión crítica habermasiana, se advertirá que el principal factor de conflictividad al que podría atenderse en este caso se derivaría de las repercusiones que su pretendida neutralidad -en verdad falsa, pues está revestida de intereses- llega a tener sobre aquellas esferas de la vida que son colonizadas por el discurso científico que sustenta al sistema capitalista. La dificultad tiene que ver principalmente con la fuerza avasalladora de una racionalidad que avanza irrestrictamente -inconsultamente podríamos decir también- sobre múltiples dimensiones de la existencia humana en las que podría estimarse mejor ajustada una modalidad de razón más centrada en la eventualidad del acuerdo por parte de todos los afectados con respecto al establecimiento y la validez de las normas -por ejemplo, las económicas- que lleguen a tener vigencia y proyección material en el desarrollo social.

De hecho, el problema de las relaciones entre ética y economía parece constituir un motivo de inquietud que priva del sueño y el descanso al pensar filosófico desde hace siglos. Sabido es que la economía nace en cercanía con la reflexión ética y que una parte de sus preceptos la ha seguido de cerca, por lo menos como señales de alerta e inquietud que han movilizado sus ideas fundamentales. Adam Smith fue, de hecho, un moralista. Otros grandes filósofos utilitaristas como David Hume, Jeremy Bentham o John Stuart Mill eran también economistas de primera línea y la doctrina moral que elaboraron estaba diseñada para satisfacer las necesidades de sus amplios intereses. Y aunque es innegable que, a medida que fue desarrollándose, la economía se acercó cada vez más al modelo predictivo matemático[xi], desprendiéndose progresivamente de cualquier consideración moral, no es menos cierto que para muchos pensadores sí ha ocupado una posición de centralidad. Desde El Capital a la Teología de la Liberación, desde Smith a Amartya Sen, el tema económico ha suscitado una controversia significativa a la hora de suponer o asumir derechamente sus determinaciones éticas, sea que éstas se cumplan o no, de manera implícita o explícita.

Sin embargo, estas huellas del pensar filosófico tienden a extraviarse continuamente en la praxis material de la economía, dificultando en buena medida una percepción más esclarecida del verdadero rol que las implicancias éticas juegan en el contexto actual de los fenómenos asociados a la generación de capital y a la producción de bienes y servicios. Ello mismo hace que sea en el actual escenario globalizado del planeta donde más ostensibles se hayan vuelto la complejidad y la perentoriedad de las necesidades de reflexión ética -originadas por las consecuencias prácticas conocidas y las previsibles articulaciones futuras del particular modelo económico alcanzado.

No parece ser un misterio para nadie que es de suma trascendencia para los destinos del mundo proceder a la reconsideración urgente del tipo de vínculo -o si se prefiere de la desvinculación- que se ha venido estableciendo entre los valores éticos y los valores económicos. Parece enteramente prudente a estas alturas del desarrollo de la humanidad proceder a reanalizar los vínculos entre ética y economía, o considerar desde una perspectiva teórica más integral el conjunto de deberes y derechos que se imponen ineludiblemente al despliegue de actividades productivas generadoras de riqueza y trabajo en nuestro tiempo. Los diversos e inicuos roles asumidos por unos y otros actores en el teatro de la economía actual no parecen estar del todo definidos con precisión ni tampoco parecen haber llegado a dar forma a un guión sólido que pueda seguir manteniendo con éxito la presentación de esta obra durante mucho tiempo más. Y una evaluación -incluso superficial o parcial- del estado actual de la imbricación entre economía y ética arroja como resultado un panorama muy poco alentador, especialmente signado por la serie de irregularidades e inequidades concretas generadas por la naturaleza del desarrollo económico global impulsado hasta hoy, que no pueden menos que considerarse intolerables desde el punto de vista moral, cuando lo que se tiene en mente es poner atajo al desenfrenado curso del individualismo egoísta (expresado en el cálculo egocéntrico de utilidad) que sella la época y la somete por sus designios y consecuencias a la desesperanza más absoluta.

Es evidente para muchos que el cerco que la racionalidad instrumental ha tendido sobre la sociedad occidental contemporánea, estructurando un verdadero ethos calculante, que antepone la dimensión costo-beneficio a la comprensión del conjunto de prácticas constitutivas de la existencia humana, marca de manera definitiva el momento presente. Con suma frecuencia en nuestro tiempo es posible atestiguar la proliferación de estrategias maximizadoras del interés económico que avanzan de manera peligrosa sobre el mundo de la vida en múltiples ámbitos, copando sus expectativas, forzándolo a caminar hacia un destino rígidamente determinado por las condiciones excluyentes del mercado. No hay dimensión de la vida humana en la que no se pueda apreciar un sesgo claramente instrumental y determinado por la sola exigencia de rendimientos económicos. Ante tales circunstancias, poco es lo que parece viable como alternativa de reorientación del curso emprendido por los acontecimientos, si se llega a pensar que algo no marcha por donde debiera y se busca afanosamente pensar lo hasta ahora todavía no pensado o pensado de manera insuficiente.

En este sentido, conviene recordar que provenimos de una tradición en la que hasta hace muy poco las 'cuestiones de hecho' y las 'cuestiones de valor' transitaban por caminos extraños, muy alejadas las unas de las otras. La herencia de la mentalidad positivista, vigente con tremenda fuerza hasta la primera mitad del pasado siglo veinte, escindió tajantemente los saberes técnicos (entre otros también el de la economía) de cualquier consideración de orden moral. La exclusiva atención al 'régimen de los hechos' , como lo denominara el propio Auguste Comte, fue siempre la consigna. Ello, sin duda, impuso una condición ineludible al desarrollo de los acontecimientos posteriores: la economía, como el resto de sus congéneres, también pasó a ser una ciencia 'libre de valores'.

Ahora bien, no se podría afirmar que en el discurso económico actual la problemática ética sea completamente inexistente; mas, no importa cuan amplio haya llegado a ser el concepto de economía en la actualidad o cuan abierta a la ética pudiera ésta mostrarse en apariencia o cuantos problemas éticos sea realmente capaz de abordar una economía ampliamente concebida. El asunto clave con respecto a la relación entre los valores económicos y los valores éticos es que ella continúa siendo todo un desafío. El enfoque económico tradicional, de marcado sesgo tecnocrático, ha buscado instituir la creencia de que por mucho que al economista le resulte inevitable llegar a formular juicios de valor, dado que en último término es un sujeto social; sin embargo, tales juicios deberán situarse inexcusablemente 'más allá' de las fronteras del campo teórico estricto, es decir deberán ser siempre extracientíficos y, por tanto, carentes de toda validez. Que no es otra cosa que afirmar que la exclusiva manera de hacer economía verdaderamente científica, y por ello legítimamente validable, es situarse al interior de las delimitaciones de la ciencia positiva prescindiendo de toda connotación axiológica al respecto.

Pero, el valor puede considerarse una realidad coextensiva al ente, es decir, presente en todas las cosas, porque todas las cosas valen de alguna manera -al menos para alguien en el mundo- y aunque los valores no constituyan precisamente 'cuestiones de hecho' y puedan por tanto carecer de aquella objetividad que la ciencia reclama para sí, será imposible prescindir de ellos en el mundo de la vida. Entonces, no será posible vivir sin valorar o estimar las cosas y los hechos del mundo. De algún modo, toda experiencia humana estará siempre transida por apreciaciones que trascienden la mera descripción objetiva o neutral de caracteres de los fenómenos, y avanzará más bien hacia lo que nos parece que las cosas del mundo son, que lo que sean ellas de verdad o en sí mismas, independientemente de nosotros. En todas nuestras decisiones intervienen siempre valores. Es propio de la condición humana anteponer valores a la experiencia.

Entonces, ¿cómo debiera tratarse en definitiva esta relación entre economía y ética? ¿Sería legítimo suponer que deben ser finalmente compatibles o que tienen igual importancia como para no desatender a ninguna? ¿Es posible suponer -como lo hace Amartya Sen-[xii]que un contacto más íntimo entre ambas puede ser beneficioso no sólo para una sino también para la otra? ¿O se debe objetar toda pretensión de vincular a las ciencias económicas con las disciplinas humanistas? Ésta es una preocupante y significativa dificultad teórica que parece necesario despejar a la luz de la discusión intelectual que en la actualidad tiene lugar en los diversos ámbitos del pensar ilustrado. Sin embargo, se debería admitir que el asunto no es meramente teórico y que, en verdad, está vinculado, además, a un enorme problema de naturaleza práctica, que adquiere su verdadero y más profundo sentido en cuanto se despierta la sensibilidad para comprender que su indefinición intelectual del momento representa una severa amenaza, especialmente para aquellos millones de seres humanos que en la actualidad viven -en situación de pobreza material- al margen de los estándares mínimos de dignidad que se han supuesto como irrenunciables para la existencia humana, desde Kant en adelante.

El dramático costo de las concepciones económicas libres de valores, dominadas por una razón calculante, tecnocrática e instrumentalista, o por aspiraciones de reducción de la problemática axiológica a la excluyente consideración de la maximización de utilidades, se revierte en definitiva sobre grandes masas de población que en la actualidad padecen el deterioro y la decadencia de sus formas de vida social como producto no deseado de los avatares del mercado libre y las iniciativas de los grupos hegemónicos que detentan su manejo.

3.   Análisis de situación

   Durante las últimas tres décadas ha sido posible constatar un indiscutible desarrollo de nuestro país. Prácticamente desechados los irreconciliables antagonismos de los períodos anteriores en materias económicas, principalmente determinados por la diversidad de roles atribuidos entonces al Estado y a los agentes privados en la conducción del proceso productivo y la asignación de los recursos, hoy en día no parece haber discusión posible y legítima que reanime las discrepancias que llegaron a dar forma a la crisis terminal de la institucionalidad chilena que cobró forma e intensidad a comienzos de la década de los setenta, concluyendo con el quiebre abrupto del sistema democrático por todos conocido. De hecho, la ostensible caída de los regímenes socialistas en el mundo y la continuidad ininterrumpida del modelo de administración impuesto en Chile desde entonces han hecho palidecer hasta casi su virtual extinción la posibilidad de que pueda concebirse un esquema alternativo consistentemente viable que le haga contrapeso al curso efectivo de los acontecimientos en materias económicas.

Ciertamente, no puede dejar de reconocerse que hoy en día abundan las discrepancias con respecto a las múltiples notas distintivas que caracterizan a los diversos enfoques - todos arraigados en una matriz común- que dan forma al debate público acerca de los temas contingentes vinculados a salud, educación, vivienda, trabajo y otros semejantes. Sin embargo, pese a todo ello, la adopción del criterio determinante del mercado como instancia reguladora de todas las relaciones, se fortalece crecientemente como la circunstancia exclusiva en que se centra la estabilidad económica de la nación y la esperada perpetuidad del conjunto de prácticas establecidas para su pretendido desarrollo.

Ahora bien, como se recordará, en los primeros años de la década de los años setenta, Chile mostraba una economía cerrada, de carácter prácticamente monoexportador, teniendo  la producción cuprífera el rol principal en la actividad generadora de divisas. El papel desempeñado por el Estado en la conducción del proceso económico era fundamental y determinante, correspondiéndole no sólo la administración de la gran minería sino también la de los servicios públicos y la de muchas otras empresas productivas. Otro elemento fundamental de intervención por parte del Estado en la marcha de la economía estaba representado por la determinación centralizada de los precios, lo que acarreaba una serie de distorsiones que repercutían negativamente sobre la percepción general de la población acerca de la estabilidad futura del modelo. Circunstancias como éstas, pronto acarrearon consecuencias macroeconómicas complejísimas, que en definitiva se mostraron muy poco susceptibles de ser interpretadas consensuadamente por los diferentes actores e intereses puestos en juego en ese momento. Tal discrepancia, a la postre, se traduciría en uno de los principales motivos de conflicto político en la convulsionada sociedad chilena de la época. En opinión de algunos, el crecimiento del país era poco ostensible, el ahorro y la inversión más bien menores y la actividad industrial estaba basada en una sustitución poco eficiente de las importaciones[xiii]. Se sumaba a este complicado cuadro la incertidumbre surgida en algunos sectores con respecto al derecho de propiedad, que era el resultado de una serie de medidas adoptadas por las autoridades de la época, obedeciendo principalmente al propósito de reforzar el carácter social de los objetivos de su programación económica.

Pero, inmediatamente traspuesto el schock político del año setenta y tres, las transformaciones económicas que comenzaron a operarse en Chile fueron paulatinamente dejando atrás este complejo panorama descrito y el país comenzó rápidamente a ser dispuesto para una apertura económica que partió por liberar al mercado financiero, por privatizar la mayoría de las empresas que hasta hacía poco estaban bajo la administración del Estado y por generar una nueva institucionalidad para el trabajo y los fondos previsionales, por señalar algunas de las modificaciones que más se han prolongado en el tiempo y que en la actualidad se encuentran en plena consolidación, como lo demuestra el hecho de que no sólo hayan logrado sobrevivir a la aguda recesión de los años 82 y 83, sino que también hayan podido superar el cambio de régimen político que trajo consigo la recuperación de la democracia a fines de esa misma década, situación que atestigua el hecho de que el modelo adoptado a partir de entonces ha gozado, en consecuencia, de la aceptación y simpatía de la mayor parte de las colectividades políticas del país[xiv].

De hecho, a juicio de los expertos, el período comprendido entre 1984 y 1998[xv] se reconoce como uno de los mejores en la reciente historia económica del país. 'En esta década y media, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó a 7%, con desaceleraciones significativas sólo en 1990 y 1998.' [xvi]. Sin embargo, no por ello se debe dejar de reconocer -como lo hacen Vergara y Larraín- que a pesar de que luego de estos 15 años ininterrumpidos de crecimiento, que permitieron que el país llegara en 1998 a bordear los US$ 5.000 de ingreso per capita - situación que lo ubicó más o menos a medio camino del pleno desarrollo-, la distribución del ingreso sigue siendo tanto o más desigual que la de cualquier país de América Latina[xvii]; lo que constituye una de las más poderosas razones por las cuales, se puede entender que a principios del tercer milenio, recuperado -con secuelas- de la crisis asiática, el país aún se encuentra muy lejos de alcanzar el nivel de ingresos de los países verdaderamente desarrollados, en tanto mantiene todavía a más de un 20% de la población subsistiendo dramáticamente en condiciones de pobreza; lo que hace pensar que existe el imperativo -por sobre todo, ético- de acometer en el futuro inmediato un importante conjunto de tareas pendientes (algunas iniciadas e inconclusas) que permitan reiterar los logros económicos previos por una parte, y diseminar los resultados del crecimiento ya logrado por otra, para optar al pretendido desarrollo equitativo del que debiera gozar la totalidad de la población nacional, al margen de todo privilegio y discriminación en su contra[xviii].

Ahora bien, la plena vigencia del estado de derecho y la consolidación definitiva de las instituciones democráticas en el país hace aún más grave la desigualdad registrada. En el pasado reciente, en ausencia de instancias y mecanismos adecuados de fiscalización y control hubo probablemente condiciones propicias para el despliegue irrestricto de intereses particulares, que movidos por la apetencia de maximización de su patrimonio sortearon con facilidad los escrúpulos y limitaciones morales para actuar de manera puramente estratégica, en procura del propio beneficio y en desmedro del interés general de la mayoría ciudadana, que no tuvo ocasión de expresar su conformidad con las políticas económicas que fueron surgiendo conforme se instituía -al amparo de la fuerza y la exclusión social- un régimen de hechos favorable a tales circunstancias. En virtud de lo mismo, traspuesto el umbral que abrió ya hace más de una década el camino a la legitimidad del actual sistema político, parece inaceptable que algunos de los hechos que marcaron lastimosamente el pasado mantengan aún su vigencia. Por ejemplo, que la desigualdad en la distribución del ingreso no haya manifestado en todo este tiempo más que una variación relativamente insignificante. Por mucho que comprendida desde la matriz estadística oficial ella pueda ser vista como un indicador favorable y auspicioso para el futuro. Ya que en la práctica, es decir, en la experiencia cotidiana de vida de millones de individuos, la percepción parece ser en extremo diferente.

Luego, pobreza y desigualdad deben necesariamente fortalecerse como objetivos de las políticas sociales nacionales, en la medida en que de esta manera se ve promovida una situación de hecho más equitativa que, precisamente, por orientarse a la reducción de los niveles de empobrecimiento tiende a que se puedan ver satisfechas las necesidades básicas de la población y con ello, al mismo tiempo, disminuida la sorprendente concentración de los ingresos apreciable en la actualidad. Evidentemente, cuando se profundiza en el análisis de esta situación de inequidad ostensible que define la fisonomía económica de Chile, cuando se intenta fundamentar la necesidad de superar el carácter de radical injusticia que tiñe a la situación actual del país, entonces, inevitablemente el problema adquiere ribetes éticos y trasciende el plano de las exclusivas determinaciones científico-matemáticas que en un sentido sí lo definen. Por cierto, de lo que se trata es de entender que los lineamientos económicos que aseguren la superación del estigma nacional de la pobreza deberán estar fuertemente inspirados por un imperativo ético que asigne un rol preponderante al carácter justo de la distribución de los bienes y los servicios, porque, además, desde la teoría de John Rawls[xix]en adelante, resulta prácticamente imposible para cualquier discurso económico y social que tenga pretensiones de validez, soslayar el requerimiento de justicia que le subyace. Evidentemente el nivel de justicia logrado por una sociedad estará en directa relación con la particular situación de vida de aquellos sectores más carenciados de la misma. Todavía más, cuando en una sociedad determinada, la oprobiosa inequidad constituye un problema susceptible de ser en buena medida resuelto si se acuerda políticamente desplegar de mejor manera los recursos aportados por la implementación tecnológica existente y la riqueza acumulada[xx].

En este sentido, la materialización de iniciativas tendientes a generalizar la satisfacción de las necesidades básicas, la reducción de la pobreza y el mejoramiento en la distribución del ingreso aparecen como tareas nacionales prioritarias que, más que estar orientadas por una perspectiva de racionalización en el empleo de los recursos dictada por el imperativo técnico de optimización de la economía, deben obedecer a un mandato ético que asegure principalmente la equidad y consagre la validez del principio que afirma que los derechos asegurados por justicia no pueden estar sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales particulares[xxi].

Por ello, los frutos del desarrollo deben necesariamente distribuirse de manera equitativa; los grupos más desposeídos deben necesariamente aumentar su participación relativa en el ingreso; el crecimiento de su capital humano debe necesariamente verse favorecido para equilibrar las múltiples desventajas derivadas de su carencia de capital físico.

Evidentemente, de lo que se trata en la actualidad[xxii]es de aprovechar los beneficios del elevado crecimiento obtenido por Chile en el pasado reciente y el decreciente nivel inflacionario registrado, así como las condiciones objetivas generadas por la institucionalidad democrática reconstruida durante ya más de un decenio, para reducir el desempleo, elevar los ingresos de los grupos de personas en situación de pobreza y de esta manera ampliar significativamente sus oportunidades de participación en el desarrollo. La generación de programas de inversión social capaces de reconocer y satisfacer de manera específica las necesidades de los grupos carenciados parece ser el complemento requerido para emprender el camino que orienta a la superación de la pobreza y al logro de una mayor y más perdurable situación de equidad social y económica. Sólo así, se cumpliría lo que expresado en lenguaje filosófico corresponde a la antigua aspiración moral kantiana de transición desde los imperativos hipotéticos (los de la racionalidad estratégica del modelo económico, en este caso), expresión acabada de los intereses particulares y los fines subjetivos, a los imperativos categóricos (aquellos de la racionalidad consensual, en la que todos los sujetos sociales aparecen contemplados y legitimados como interlocutores válidos, sea que se hallen o no presentes a la hora de tomar decisiones que los involucren), depositarios de una voluntad de carácter universal.

Ahora bien, no se podría dejar de reconocer que la solución de los problemas dependerá ciertamente del modo en que se vayan a explicar en el futuro los acontecimientos sociales, sus características y rasgos predominantes, a partir de determinadas hipótesis con respecto al comportamiento de los individuos; lo que, a su vez, exige una más precisa identificación previa de esos mismos individuos, de esos actores sociales. Entonces, el alcance y la importancia que lleguen a tener los objetivos de una política social, así como su estructuración en vistas a perfilar su acción operativa, tendrá que ver exactamente con el tipo de racionalidad que las defina, con la particular orientación que adquiera el curso de acción asumido. La forma en que la pobreza y la desigualdad son percibidas por la población debe ser, en consecuencia, una materia de singular importancia. El reconocimiento, la apercepción de la situación vital por parte de los propios afectados por el problema no puede ser desconocida por los planificadores encargados del diseño de las políticas económicas. Los eventuales beneficiarios de las medidas tendientes a superar las dificultades y limitaciones deben estar contemplados en la preparación y la construcción de su propio destino. Deben ser considerados interlocutores válidos en cuanto afectados por las normas económicas que recaen sobre sus vidas y definen su futuro.

Mayor oferta educacional en todos los niveles del sistema, acceso equitativo para todos los segmentos sociales, término de la situación clasista de la educación actual. Mejor salud, rediseño de políticas sanitarias, implementación de instancias que contribuyan a que el mismo ciudadano sea un gestor de su propia salud, por ejemplo, en trabajo conjunto con médicos de familia que orienten al logro y perpetuación de hábitos y modalidades de vida saludable. Mayor generación de vivienda, en dignidad, a escala verdaderamente humana, arquitectónicamente amigable, ambientalmente concebida. Todo esto, sin duda, incrementa el capital humano y es parte de la solución global. Ahora, obviamente, es resorte del cálculo económico ajustado alcanzar su materialización en cuanto los recursos y las voluntades transiten en una misma dirección. Sin embargo, el énfasis en las relaciones y los valores sociales, en la participación de los propios afectados, como instancia de devolución de dignidades humanas perdidas de vista y arrolladas por la racionalidad estratégica del modelo en vigencia, es la parte sustancial del problema que puede definir la construcción de un marco diferente de alternativas, ya no establecidas exclusivamente a partir de los supuestos básicos del pensamiento económico, sino también en función de poderosas prerrogativas éticas, de articulaciones ético-económicas, ético-políticas, que dirijan las voluntades con plena responsabilidad hacia las decisivas consecuencias que tienen las teorías y decisiones económicas para la existencia y la felicidad de las personas en la sociedad, porque no siempre la 'mano invisible' o los 'óptimos paretianos'[xxiii]son la más pura expresión de la equidad, ni tampoco el mercado capaz de conseguir la eficiencia por la sola determinación maximizadora de los intercambios que lo definen. Como ha sostenido Amartya Sen recientemente: 'El éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar los miembros de la sociedad. Puesto que no solamente valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que también apreciamos el tener control sobre nuestras propias vidas, la calidad de la vida tiene que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las alternativas sustanciales que tenemos.'[xxiv]

 

 

Santiago, 18 de junio de 2002.

 

[i] 

HABERMAS, Jürgen. «Technik und Wissenschaft als Ideologie». Suhrkamp. Frankfurt a. M. 1969.   Versión cast. «Ciencia y Técnica como Ideología». Tecnos. Madrid. 1984.

[ii]

Cfr. ELSTER, Jon. «Domar la suerte». Paidós. Barcelona. 1991.

[iii]

A partir de 1944, con la publicación de «Teoría de juegos y comportamiento económico» de J. Von Neumann y O. Morgenstern, la confianza en la teoría formal de la racionalidad empleada por los economistas hasta entonces (la teoría del equilibrio económico) comenzó a declinar. Ésta suponía un mercado lo suficientemente grande y competitivo como para que los agentes que lo componen no tuvieran por qué preocuparse de las acciones o estrategias de los demás. La teoría de los juegos vino a ampliar dicha teoría de la racionalidad. Permitió aplicarla a aquellas decisiones en las que el agente no se enfrenta a parámetros naturales inertes, fácilmente controlables, sino a otros agentes tan racionales como él, tan bien o mal intencionados y dotados como él, de una capacidad de previsión estratégica no controlable por otros. Cfr. Op. cit. Págs. 20 - 21.

[iv]

Cfr. HABERMAS, Jürgen. «Moralbewusstsein und kommunikative Handeln», Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1983. Versión cast.  «Conciencia moral y acción comunicativa». Península. Barcelona. 1991. Págs. 135 y ss.

[v] Ibid. Pág. 157.
[vi] Ibid. Pág. 158.
[vii]

HABERMAS, Jürgen.   «Erkenntnis und Interesse». Suhrkamp. Frankfurt a. M. 1968. Versión cast. «Conocimiento e Interés». Taurus. Madrid. 1980.

[viii] 

Se sabe que Habermas distingue en este sentido tres tipos de intereses cognoscitivos diferentes: el interés teórico por dominar la naturaleza, el interés práctico en el acuerdo con los demás hombres y el interés emancipatorio, que permite la superación de todas las alienaciones históricas.

[ix]

Cfr. CORTINA, Adela. «Razón comunicativa y responsabilidad solidaria». Sígueme. Salamanca. 1995. Págs. 85 y ss.

[x]

Se alude aquí a la clásica distinción establecida por W. Dilthey entre las Ciencias de la naturaleza (Naturwissenschaften) y las Ciencias del espíritu (Geistwissenschaften), a las que corresponderían respectivamente dos métodos de conocimiento característicos: la explicación y la comprensión.

[xi] 

Para una interesante clarificación de los fundamentos conceptuales y metodológicos del proceso de constitución del conjunto de especialidades y ámbitos de estudio más o menos diferenciados entre sí que conforman la llamada ciencia económica, así como una exhaustiva tipología de 'economistas' , se puede consultar el ensayo de José Luis Sáez Lozano, «La economía como ciencia aplicada», publicado en Estudios Públicos, Nº 69, Verano 1998, Santiago de Chile.

14 Cfr. SEN, Amartya. «Sobre Ética y Economía». Alianza. Madrid. 1990.

[xiii]

Cfr. LARRAÍN, F. y VERGARA, R. 'Chile en pos del desarrollo: Veinticinco años de transformaciones económicas' en Larraín, F. y Vergara, R. (Editores). «La transformación económica de Chile». Centro de Estudios Públicos. Santiago. 2000. Págs. 5.

[xiv] Ibid.
[xv] Ibid.
[xvi]

Ibid. Pág. 6

[xvii]

Los pobres y marginales latinoamericanos son cada vez más, tanto de manera absoluta como de modo relativo. Un poco menos de la mitad de la población sobrevive por debajo de la llamada -línea de pobreza- (menos de dos dólares de ingreso diario). Cfr. 'World Economic Indicators' . World Bank. 1998

[xviii]

El economista indio Amartya Sen (Premio Nobel de Economía en 1998) consiguió esclarecer la relación entre la llamada curva de Lorentz, que mide la desigualdad en ingresos, y la distribución de diferentes activos por parte de la sociedad. Una norma habitual para medir el bienestar de una sociedad es el porcentaje de sus habitantes que se encuentra por debajo de lo que se califica de antemano índice de pobreza, pero esta teoría ignoraba los diversos grados de pobreza entre los menos favorecidos. Para solucionar esta deficiencia, Sen elaboró un índice para medir la pobreza, teniendo en cuenta el bienestar de los individuos, que ha sido utilizado desde entonces por muchos investigadores.   Uno de los problemas que se encuentran al comparar el bienestar de diferentes sociedades es que los indicadores habituales, como los ingresos per capita, solo tienen en cuenta la ''situación media'' de la población. Amartya Sen ha señalado que los principios éticos bien fundados suponen la igualdad entre los individuos, pero como la habilidad para aprovechar la igualdad de oportunidades varía con cada persona, el problema de la distribución de bienestar nunca podrá resolverse del todo.

[xix]

RAWLS, John. «Teoría de la Justicia». Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 1993.

[xx]

Cfr. TORCHE, Arístides. 'Pobreza, necesidades básicas y desigualdad' en Larraín, F. y Vergara, R. Op. cit. Págs. 545 y ss.

[xxi] RAWLS, John. Op. cit. Pág. 20.
[xxii] Cfr. TORCHE, Arístides. Ibid.
[xxiii]

Los teoremas centrales de la ciencia económica estándar prueban matemáticamente que un conjunto de individuos que persiga descentralizadamente sus objetivos realizando intercambio entre ellos, compitiendo y comportándose de un modo maximizador, cumplirán, en el resultado agregado, un conjunto de condiciones de 'inmejorabilidad' que colocarán a la economía en su núcleo; es decir, en una situación de equilibrio general tal que nadie podría ulteriormente perjudicar a otro, y a esa situación de 'unanimidad' se la conoce con el nombre de 'óptimo de Pareto' y constituye la definición económica precisa de la eficiencia. La prueba formal rigurosa de esos teoremas se realizó durante el primer tercio del siglo anterior (S. XX) y está asociada a los nombres de Walras y Pareto. Cfr. ELSTER, Jon. Op. cit. Págs. 18 y 19. 

[xxiv]   SEN, Amartya K. «Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo». Conferencia pronunciada en la reunión internacional 'Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la infancia' celebrada en París el 14 de marzo de 1999 y organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).