Las revisiones constitucionales a través de acciones de tutela contra laudos arbitrales comerciales internacionales son una amenaza para la seguridad jurídica. Esto conlleva a decisiones distintas y plazos extensos para que el laudo arbitral sea ejecutado. Situación que es bien conocida en las jurisdicciones latinoamericanas, en particular Colombia, donde las altas cortes locales protegen los derechos constitucionales fundamentales en las actuaciones arbitrales. Cambiar una concepción rígidamente positivista de la seguridad jurídica e introducir el pluralismo jurídico en el arbitraje internacional parece ser un buen camino, debido a que es evidente la proliferación de actores no-estatales en el proceso de la construcción de regulaciones en los negocios internacionales. Sin embargo, esta proposición dependerá de la teoría positivista pero también del orden público, toda vez que las cortes locales están aún encargadas de la ejecución de los laudos.